En 1947 Atahualpa Yupanqui compuso ‘El arriero’ que luego fuera interpretada por artistas como Raly Barrionuevo o Divididos. En sus estrofas, Don Ata dice entre otras cosas que ‘Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas’.

Más de 70 años después de estos versos, poco ha cambiado, aunque ahora hablemos de gas en lugar de vaquitas. En un claro ejemplo del capitalismo nacional, tanto argentino como extranjero que pronto adopta las prácticas locales, una vez más se busca la capitalización de las ganancias y la socialización de las pérdidas.

Así lo expuso el Secretario de Energía Javier Iguacel al anunciar que los usuarios pagaríamos un monto extra en 24 cuotas mensuales, para compensar el impacto de la ‘marcada variación del tipo de cambio’, lo particular es que nadie recibió, por la marcada variación del tipo de cambio un monto extra en su sueldo en 24 cuotas mensuales.

Esto, que a todas luces es injusto, no es más que la aplicación de la ley 24.076 que establece, entre otras cosas, que ‘las variaciones del precio de adquisición del gas serán trasladados a la tarifa final al usuario, de tal manera que no produzcan beneficios ni pérdidas al distribuidor ni al transportista bajo el mecanismo, en los plazos y con la periodicidad que se establezca en la correspondiente habilitación’. ¿Y cuál es esta ley? La de privatización de Gas del Estado, ley que fue aprobada gracias a los ‘diputruchos’ peronistas.

Quizás muchos de los lectores no recuerden lo que exponemos, por lo que haremos una breve reseña para que todos sepamos de qué hablamos. Como relató oportunamente el Diario Clarín, ‘mientras los radicales discutían en el bloque, el PJ hizo los máximos esfuerzos para conseguir los 130 presentes que entonces exigía el quórum. Una vez logrado, se trataba de votar a mano alzada sin debate. Presidía la sesión el diputado justicialista bonaerense Alberto Pierri. Pasadas las 16.30, el tablero marcó 130. Se votó en general. En ese momento desde el palco de periodistas se identificó a un extraño en una banca. Corrieron los cronistas por escaleras y pasillos hasta ubicar en la otra punta a un anciano asustado a la salida del recinto. A la pregunta de Clarín si era diputado confesó que no. A la pregunta de por qué estaba en una banca contestó que lo habían sentado por hallarse descompuesto. Ese hombre que mentía era Juan Abraham Kenan, asesor de Julio Manuel Samid, el hermano de Alberto Samid. Kenan no era al único intruso. Había cinco más, que al no ser descubiertos en ese momento consiguieron escapar, todos colaboradores de diputados justicialistas. Esos diputados eran Felipe Solá, quien echó de inmediato a su empleado infiel; el riojano Carlos Romero; el mendocino Nicolás Becerra, quien desmintió categóricamente haber formado parte de la operación, el porteño Eduardo Varela Cid y el fueguino Carlos Manfredotti. […] La Cámara no sancionó a Samid. A fines de 1994, la Justicia lo condenó con algunos meses de prisión en suspenso, lo mismo que a Kenan.’ Es decir más de lo mismo en la Justicia justicialista.

Es decir, Iguacel aplica de forma ilegítima, aunque legal, parte de una ley aprobada por el peronismo, que la aprobó haciendo trampa, como siempre más de lo mismo, y que nunca fue repudiado por la ciudadanía. Para tomar un ejemplo el menemista Solá, luego devenido en kirchnerista, más tarde en massista, y siempre peronista, supo ser vicegobernador, Gobernador, Diputado Nacional… y todo por el voto popular, porque la ciudadanía avaló a los tramposos.

Porque hoy una vez más, el reclamo es económico, el problema es pagar más, no las herramientas que se utilizan para exigir  que paguemos más. La ciudadanía no critica ni la trampa ni a los tramposos, lo que critica, y con razón, es que tengamos que asumir el riesgo empresarial sin ser empresarios ni participar de los dividendos de la ganancia empresaria. Y paradójicamente, o no, la respuesta también es económica. El Gobierno anunció que ‘el Estado se hará cargo del desfasaje que generó la devaluación en las tarifas y se pagará en 30 cuotas hasta el 2021’, y echó por tierra con la resolución anunciada por Iguacel.

Pero no alcanza con ese reclamo y esa salida, si queremos cambiar, y aunque lo coalición gobernante se llame Cambiemos y en muchos ámbitos no parece querer cambiar las cosas, tenemos que cambiar valores. Recuperar lo que está bien y desechar lo que está mal. El fin no justifica los medios, los condiciona. Y aunque legal, resulta paradójico que quienes criticaron en su momento la forma en que se consiguió el quórum para la sanción de esta ley, se valgan de ella para poder sacar provecho circunstancial.

Si queremos cambiar en serio no debe haber lugar para la trampa ni para los tramposos.